El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaba hace tres semanas un auto en el que ordenaba "con carácter inmediato, reducir en un 50% la cifra de vuelos" sobre la urbanización de Ciudad de Santo Domingo, en Algete. Pero puede que la alegría dure poco para estos vecinos, unos 3.000, porque el PSOE quiere introducir una enmienda en el Senado por la que las poblaciones cercanas a los aeropuertos civiles "deberán soportar los sobrevuelos, frecuencias, ruido y demás impactos ambientales producidos por las aeronaves". En el caso del aeropuerto de Barajas, tras la puesta en marcha en enero de 2006 de la T-4, los vecinos afectados por el ruido de los aviones son más de 500.000, según cálculos de nueve asociaciones contra el ruido del aeropuerto.
Aunque esta cifra nunca ha sido aceptada por el Ministerio de Fomento, que presentó un mapa del ruido de Barajas donde sólo contabilizaba a 46.000 vecinos. La mayoría de las 34 localidades que padecen el tráfico de aeronaves criticaron el sistema de medición y pidieron ampliar la zona de sensibilidad. Ahora, con la posible modificación de la Ley de Navegación Aérea, que se votará el miércoles en el Senado, AENA estaría obligada a actualizar este mapa en el plazo de seis meses.
Pero en Santo Domingo creen que la modificación es una reacción gubernamental a la sentencia del TSJM, que abría la puerta a otras localidades afectadas. "Es un cambio que intentan hacer con carácter de urgencia, sin pasar por el Congreso", opina José María Serrano, portavoz de la Asociación contra el Ruido de Santo Domigo. "Esto demuestra que no somos los ciudadanos los que estamos asustados, sino el Estado", comenta Serrano, confiado en que la sentencia se cumpla y "que la modificación no se apruebe y predomine el sentido común". Más alterado estaba el alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, que llamó a la "movilización" y a la unión de todos los municipios afectados por Barajas para mostrar su "rechazo rotundo" a la enmienda socialista en el Senado.
El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Impacto del Tráfico Aéreo, Luis Ramírez cree que la enmienda "es una forma inaceptable de recortar derechos básicos y un atajo para evitar sentencias desfavorables para el Estado", asegura Ramírez. Opina lo mismo Joaquín Herrera, presidente de Juristas Contra el Ruido: "Es una manera de evitar pleitos futuros, no se pueden pisar derechos". Tampoco está contento Ramírez con la posible ampliación del mapa del ruido: "Más gente tendrá que asumir que te van a indemnizar por tener que soportar una degradación en tu calidad de vida". Ramírez señala que si empieza a funcionar el concepto de entorno (que se usa en la enmienda), en el caso de Madrid los afectados pueden llegar a cinco millones de personas que viven o trabajan a unos 18 kilómetros de la T-4.
"La T-4 ha eliminado barrios enteros y perjudica a miles de personas", apunta Sergio Krstic, concejal de Medio Ambiente en Paracuellos, otro de los municipios afectados. Krstic confía en que continúe habiendo "jueces que no se dobleguen a presiones políticas".
Pero en Santo Domingo creen que la modificación es una reacción gubernamental a la sentencia del TSJM, que abría la puerta a otras localidades afectadas. "Es un cambio que intentan hacer con carácter de urgencia, sin pasar por el Congreso", opina José María Serrano, portavoz de la Asociación contra el Ruido de Santo Domigo. "Esto demuestra que no somos los ciudadanos los que estamos asustados, sino el Estado", comenta Serrano, confiado en que la sentencia se cumpla y "que la modificación no se apruebe y predomine el sentido común". Más alterado estaba el alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, que llamó a la "movilización" y a la unión de todos los municipios afectados por Barajas para mostrar su "rechazo rotundo" a la enmienda socialista en el Senado.
El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Impacto del Tráfico Aéreo, Luis Ramírez cree que la enmienda "es una forma inaceptable de recortar derechos básicos y un atajo para evitar sentencias desfavorables para el Estado", asegura Ramírez. Opina lo mismo Joaquín Herrera, presidente de Juristas Contra el Ruido: "Es una manera de evitar pleitos futuros, no se pueden pisar derechos". Tampoco está contento Ramírez con la posible ampliación del mapa del ruido: "Más gente tendrá que asumir que te van a indemnizar por tener que soportar una degradación en tu calidad de vida". Ramírez señala que si empieza a funcionar el concepto de entorno (que se usa en la enmienda), en el caso de Madrid los afectados pueden llegar a cinco millones de personas que viven o trabajan a unos 18 kilómetros de la T-4.
"La T-4 ha eliminado barrios enteros y perjudica a miles de personas", apunta Sergio Krstic, concejal de Medio Ambiente en Paracuellos, otro de los municipios afectados. Krstic confía en que continúe habiendo "jueces que no se dobleguen a presiones políticas".
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