Antonio Ruiz del Árbol - Madrid - 17/11/2009
El Ministerio de Fomento ha convocado para pasado mañana, jueves, de manera urgente, una cumbre con el sector de la aviación civil que opera en España. El objetivo es estudiar, e intentar atajar, las consecuencias que van a tener para la actividad del la aviación civil las últimas sentencias judiciales sobre el problema del impacto acústico que afecta a zonas residenciales aledañas a los principales aeropuertos españoles.
Al encuentro están convocadas las principales patronales de las aerolíneas, los responsables de AENA y la empresa pública propietaria de la red de aeropuertos nacionales, diez de cuyas terminales se encuentran en el punto de mira de sus vecinos a causa de este problema.
Fuentes conocedoras de la convocatoria han señalado que es posible que también participe en el encuentro algún representante de las comunidades autónomas en las que se ubican los aeropuertos más conflictivos.
Fuentes conocedoras de la convocatoria han señalado que es posible que también participe en el encuentro algún representante de las comunidades autónomas en las que se ubican los aeropuertos más conflictivos.
Hasta la fecha, tanto las aerolíneas como la administración central y AENA habían abordado este asunto "con preocupación pero sin dramatismo", según han indicado las fuentes citadas. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga a "reducir al 50% las operaciones" en una de las cuatro pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se produce una determinada configuración del viento "ha desatado todas las alarmas". La aplicación de la resolución judicial, según las fuentes indicadas, no supondrá un quebranto irreparable para la actividad de Barajas, ya que esa configuración del viento se produce muy pocos días al año.
El verdadero problema se produce porque la sentencia responde a una reclamación interpuesta por uno, Ciudad Santo Domingo, de los muchos núcleos de población que en toda España denuncian la agresión acústica sobre sus residencias de la actividad aeroportuaria.
"Si, como ya está ocurriendo, todos los ayuntamientos y urbanizaciones afectadas, se apoyan en la jurisprudencia que sienta esta resolución judicial para exigir la paralización o reducción de las actividades en los aeropuertos, el colapso en la aviación civil española está garantizado".
Las fuentes citadas creen que el Ministerio de Fomento no quiere que ocurra la "rebelión ciudadana contra el problema del ruido aeroportuario", lo mismo que ya pasó con la "rebelión contra la instalación de las antenas de móvil", que se ha convertido en "un auténtico calvario para las operadoras de telefonía celular".
Fuentes de AENA han asegurado que la empresa pública mantiene una política en torno al tema que consiste en "cumplir de manera estricta la Ley del Ruido". En este sentido "abordamos todas las iniciativas para que nuestra actividad se atenga de manera estricta a esta norma".
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