Todo empezó con una acción judicial que llevaron a cabo los vecinos de la urbanización Santo Domingo, de la localidad madrileña de Algete, en donde sobrevuelan los aviones que confluyen en la nueva terminal del aeropuerto de Barajas. Los abogados de los vecinos utilizaron un argumento no contemplado en la Ley de Ruido. Es decir, no se consideran afectados por un impacto medioambiental, sino porque la frecuencia de vuelos vulnera "su derecho a la intimidad". El Supremo les dio la razón y ordena la reducción del tráfico aéreo en la zona. Si se cumplen los términos de esta sentencia, la inversión en la ampliación de Barajas habrá caído en saco roto. Se deberá reducir la capacidad operativa en un 20%.
La única forma de poder contrarrestar esta sentencia del Supremo, cuya ejecución ha sido encargada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es mediante la reforma de la Ley de Navegación Aérea. El Gobierno se ha puesto a trabajar urgentemente en torno a este asunto porque se corre el riesgo de neutralizar la actividad de Barajas y, por efecto dominó, ya que una sentencia del Supremo crea jurisprudencia, a otros aeropuertos, como el Prat de Barcelona, Málaga o Son San Juan en Mallorca. El Ejecutivo aprobó, el viernes de la semana pasada, en Consejo de Ministros, dicha reforma que, inmediatamente, ha registrado en el Congreso de los Diputados para su tramitación por la vía de urgencia. Se trabaja contrarreloj para que este asunto se resuelva lo antes posible.
La única forma de poder contrarrestar esta sentencia del Supremo, cuya ejecución ha sido encargada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es mediante la reforma de la Ley de Navegación Aérea. El Gobierno se ha puesto a trabajar urgentemente en torno a este asunto porque se corre el riesgo de neutralizar la actividad de Barajas y, por efecto dominó, ya que una sentencia del Supremo crea jurisprudencia, a otros aeropuertos, como el Prat de Barcelona, Málaga o Son San Juan en Mallorca. El Ejecutivo aprobó, el viernes de la semana pasada, en Consejo de Ministros, dicha reforma que, inmediatamente, ha registrado en el Congreso de los Diputados para su tramitación por la vía de urgencia. Se trabaja contrarreloj para que este asunto se resuelva lo antes posible.
Inutilización
Porque mientras tanto, se corre el riesgo de que el TSJM, ejecute la sentencia y ordene la práctica inutilización de la pista 18-R. AENA, hasta ahora, había distribuido la frecuencia de vuelos entre las dos pistas, 18-R y 18-L que sobrevuelan la urbanización Santo Domingo, lo que había generado un equilibrio que permitía satisfacer las demandas de los vecinos y mantener el tráfico prácticamente inalterable, según las autoridades aeroportuarias. Pero los vecinos no consideran suficiente esta solución y han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha decidido obligar a AENA al cumplimiento de la sentencia del Supremo en su tenor literal. Es decir, inutilizando las pistas que molestan al vecindario. Otros pueblos de la zona ya han iniciado acciones legales basándose en esta sentencia mientras que Aeropuertos Nacionales ha hecho lo único que puede hacer: recurrir el auto del TSJM. Ganar tiempo para que se modifique la legislación en la materia, incluso trasponiendo las directivas europeas en la materia, para evitar el desastre.
Reducción de las operaciones
Y es que el desastre consistiría en que si se inutilizan las vías de aterrizaje de la configuración sur, la ampliación de Barajas quedará inutilizada. La capacidad de operaciones se vería reducida en un 20% y, encima se perdería la posibilidad de ampliación de dichas operaciones. En la actualidad, Barajas está capacitado para llevar a cabo 98 movimientos por hora. Si se cumple la sentencia se pasaría a 78. Pero lo peor es que se perdería la posibilidad, hasta ahora no utilizada pero sí posible técnicamente, de alcanzar los 120 movimientos, lo que hace muy atractivo a las aerolíneas el aeropuerto madrileño. Tanto que, incluso, algunas compañías quieren trasladar sus bases de operaciones a Barajas debido a la capacidad de fluidez de tráfico que ofrece. Si se cumple la sentencia, dichas compañías se trasladarían a otros lugares lo cual repercutiría en la aportación al PIB del aeropuerto, estimada en torno a los 100.000 millones de euros y la pérdida de 47.000 puestos de trabajo.
Obligaciones de AENA
De ahí la urgencia en solucionar, cuanto antes, este espinoso asunto. El proyecto de Ley del Gobierno establece las obligaciones de AENA en cuanto al impacto medioambiental de los aeropuertos españoles y la manera de contrarrestar el ruido procedente de los vuelos. Pero, una vez establecidas las limitaciones del gestor aeroportuario, no se deja margen a otras interpretaciones, como en el caso de los vecinos de Ciudad Santo Domingo en Algete, que han utilizado una interpretación de un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad, para poner en serios aprietos a la navegación aérea de este país.
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