jueves, 22 de octubre de 2009

URBANISMO: EL CASO SINGULAR DE NAVALCARNERO.

La dimisión de Enrique Porto como director de Urbanismo en 2006, por compatibilizar supuestamente el cargo con actividades privadas, fue la gota que colmó la paciencia de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. "No es lógico que el Consejo de Gobierno sea el último en enterarse de crecimientos municipales increíbles, como aquellos que pretenden pasar de 1.200 a 40.000 viviendas", comentaba hace dos años en un encuentro con promotores madrileños.

Acudía a ese foro con una ley de medidas urgentes de modernización administrativa para controlar las revisiones urbanísticas de los ayuntamientos, a través del preceptivo y vinculante informe de impacto territorial. De nada sirvieron las innumerables llamadas y visitas de alcaldes y concejales a los despachos de Urbanismo. Todo iba a ser revisado para ajustarse al nuevo marco legal. Desde entonces, sólo siete municipios (Brunete, Ciempozuelos, Móstoles, El Álamo, Alcobendas, Navalcarnero y Meco) han logrado aprobar sus planes generales, con una rebaja considerable en las viviendas previstas. Eso sí, con una rebaja considerable en el número de viviendas previstas inicialmente.
Se encontraban y se encuentran en marcha cerca de 80 planes en otros tantos municipios, casi la mitad de los 179 existentes en la región. Todos se han modificado o revisado. En conjunto preveían recalificar 500 millones de metros cuadrados -el 6,25% del total de la región, casi la misma superficie del municipio de Madrid-, para construir un mínimo de 350.000 viviendas.
En febrero de 2009, Brunete fue el primer ayuntamiento en aprobar su plan general. Hasta cuatro veces se lo devolvió el Gobierno regional entre 1986 y 2006. La propia presidenta se negaba a aprobarlo a pesar de contar con el visto bueno de la Comisión de Urbanismo. Quedaba poco tiempo para las elecciones autonómicas de 2007 y uno de los planes parciales (Sector El Olivar) había sido redactado por la empresa de Porto.
A pesar de que el Ayuntamiento, presidido por el popular Félix Gavilanes, intentó tensar la cuerda y llegó a a enviar el plan general para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pulso lo tenía perdido. Tuvo que dar marcha atrás y aceptar las condiciones de la nueva realidad.


Menos edificabilidad
El plan de Brunete se aprobó con una reducción del 33% de la edificabilidad. Similar fue el caso de Ciempozuelos. Su plan contaba con todos los beneplácitos (PP, PSOE y la Comisión de Urbanismo), pero Aguirre consideró que no era el momento más oportuno. Dos semanas antes había dimitido Porto, y hacía sólo dos días que había estallado el escándalo que supuso el ingreso en prisión del alcalde. El nuevo plan redujo las 14.000 viviendas previstas a 8.000.
En El Álamo, municipio donde la Comunidad prevé un aeropuerto privado, se produjo un recorte del 22% en la última fase de tramitación. No en la superficie recalificada (334 hectáreas), sino en las viviendas: las 2.650 previstas se quedaron en 2.037.
Móstoles, con cerca de 15.000 viviendas en construcción o ya proyectadas y las 13.500 más que el Gobierno regional permitirá levantar, dispone de terreno liberado para alcanzar los 300.000 habitantes (tiene 210.000). En este caso, el proyecto de plan retiró tres millones de metros cuadrados de suelo sectorizados urbanizables. Sólo quedaron bajo esta clasificación los destinados a la plataforma logística Puerta del Atlántico, donde Comunidad y Ayuntamiento se han comprometido a aportar la cuarta parte de los 600 millones de inversión prevista.
El caso de Navalcarnero es singular. En 2005 -cuando no se habían terminado de desarrollar los 7,5 millones de metros recalificados tres años antes-, el Ayuntamiento pidió 35 millones de metros más para construir otras 36.000 viviendas. La petición sorprendió. Al final, el Gobierno regional aprobó el pasado 9 de julio bastantes de las pretensiones municipales. Se ha autorizado la recalificación de 24 millones de metros cuadrados con un solo sector residencial (el S. 15) ante las fuertes presiones derivadas de la venta de suelo que el Ayuntamiento había realizado en 2006 a Vallehermoso. En juego estaban los 185 millones de euros que la inmobiliaria se comprometió a pagar al Ayuntamiento si salía adelante una recalificación de 1,4 millones de metros para 5.165 viviendas.
Impacto territorial
Parla ha sido uno de los primeros municipios a los que se aplicó el Informe de Impacto Territorial, cuando el Ayuntamiento lo presidía Tomás Gómez, actual secretario de los socialistas madrileños.
El Gobierno regional instó al municipio a construir un máximo de 8.000 viviendas, en lugar de las 13.724 previstas inicialmente en el avance, e impedía la recalificación de terrenos limítrofes con otros municipios "para mantener franjas de protección ambiental y de infraestructuras".
Exigía también un estudio de movilidad que garantice una mínima afección sobre la red viaria y otro de índole arqueológica para valorar la incidencia sobre los bienes patrimoniales.
Desde junio pasado se han emitido informes de impacto territorial sobre los planes de Alpedrete, Valdemorillo y Tielmes, la sectorización de dos ámbitos en Alcalá de Henares, de otros dos en Villanueva de la Cañada y el correspondiente a la segunda fase del parque empresarial La Carpetania, en Getafe.
Los alcaldes no parecen sentirse a disgusto con este trámite, a pesar de sus exigencias. El alcalde de Tielmes, Miguel López del Pozo, lo considera "un paso de gigante para desatascar un plan en el que llevamos ocho años trabajando. La Comunidad nos marca las líneas a seguir y nos dice lo que podemos hacer o no".