miércoles, 13 de enero de 2010

MINISTERIO DE FOMENTO EN JAQUE.

Cansados ya de superfluos discursos y veladas intenciones, siembre grabadas en papel mojado, cinco vecinos, integrados en la plataforma contra el ruido de la aviación, creada en Algete, deciden luchar contra el sin vivir que sin desearlo les cae cada día del cielo.
Han cursado sus respectivas denuncias adscritos dentro de la asociación ANAITA (Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo), logrando que la sentencia del Tribunal de Justicia Superior de Madrid les sea favorable y obligando a todo un aeropuerto de Barajas a reducir su actividad en una de las pistas en un 50% , poniendo de rodillas a todo un ministerio de fomento con el ministro Pepe Blanco a la cabeza, que desde su asiento ministerial, observa cómo el pequeño puede resistir e incluso vencer al gigante, cómo la lucha por las libertades y los derechos fundamentales legítimos de sus conciudadanos sientan base para una contienda contra la arbitrariedad y el capricho de dirigentes: comunitarios, municipales y de otros estamentos por imponer en sus territorios un aeropuerto, en algunos casos como ocurre con el de Navalcarnero – El Álamo, travestido de aeródromo.
Resulta curioso comprobar cómo las localidades, que no precisamente están cerca de los aeropuertos, protestan por lo que el ruido viola sus intimidades y aquellas a las que se les va a imponer y que lo acogerán en plazos más tempranos que lejanos -pongo el ejemplo de Navalcarnero -siguen confirmando la despreocupación ante esta ignominia. ¿Seremos tan inconscientes que mientras las protestas y denuncias se suceden sin remisión en toda España, en poblaciones cercanas a los aeropuertos o afectadas por los ruidos que provocan las autovías aéreas Navalcarnero lo acoja en silencio?
La falta de información intencionada, que desde las autoridades locales se ignora a conciencia no incluyendo en sus informaciones y periódicos el estado actual y el desarrollo de los pertinentes estudios sustentan a la ignorancia como fuente del seguro triunfo del proyecto, incluso, en un centrifugado de su conciencia, la sentenciarán como la liberación del individuo. ¿Por qué darle más motivos de preocupación al ciudadano? -pensarán.
La poca inquietud es el síntoma inequívoco del buen funcionamiento de las estructuras de control y administración de información de los poderes, que con generosidad, juegan a la contra información con sofismas, creando alarmas sociales, como la destrucción de empleo, para encubrir voluntades e intereses ajenos a la población a la que representan. El acomodo es la enfermedad en pleno desarrollo. Más que actuar, opinar, se guarda pleitesía, la necesidad de creer es más fuerte que la necesidad de saber y es esta creencia el disimulo de la verdad a nosotros mismos la que nos conduce en muchos de los casos a convertirnos en gregarios y en otros, en voluntariosos ignorantes. Los políticos saben muy bien que el principal enemigo del hombre habita dentro de él mismo, antiguamente era la ignorancia y actualmente es la mentira.

sábado, 9 de enero de 2010

LA ENMIENDA A LA LAY OMNIBUS COMO PROYECTO DE LEY

¿Puede una ley eliminar la responsabilidad del Estado por sus actuaciones erróneas o ilegales?
No es extraño ver en estos días, en los que la quiebra del estado de derecho se agudiza por la falta de separación de poderes, cómo proyectos urbanísticos o de infraestructuras ilegales y contrarios al pretendido interés público, al ser cuestionados o anulados por los Tribunales, finalmente se imponen con la aparente legitimidad de una ley “ad hoc”. El caso de Barajas es uno de ellos . Lo analizamos en este artículo para alertar sobre el fraude que esta técnica implica.


La situación de partida y que motiva esta reflexión es en síntesis la siguiente:

- El 27 de noviembre trasciende a la opinión pública la noticia de que el Ministerio de Fomento, a través del senador Antonio Hernando presenta en el Senado una enmienda a la Ley Ómnibus por la que se modifican varias leyes para trasponer la Directiva sobre el libre acceso a las actividades de servicios, en cuyo artículo 20 se establece que las poblaciones en el entorno de los aeropuertos del Estado deberán soportar el ruido y cualquier contaminación producida por los aeropuertos, aerovías y aviones sin derecho a indemnización alguna, al tiempo que se determinan su efectos retroactivos frente a cualquier derecho individual o colectivo reconocido por las administraciones o tribunales y se obliga al ente gestor de los aeropuertos del Estado a establecer servidumbres acústicas en un plazo de 6 meses.

- Los afectados reaccionan, convocan rueda de prensa, contactan con partidos políticos, senadores, alcaldes, la noticia salta a los medios y al no obtener mayoría suficiente en el Senado la enmienda se rechaza en el pleno del día 2 de diciembre.

- Dos días mas tarde el Gobierno aprueba como proyecto de Ley la enmienda rechazada con alguna modificación y la envía a las Cortes para su tramitación por trámite de urgencia.

- La Mesa de la Cámara remite la tramitación de la ley a la Comisión de Fomento para su debate y aprobación, con plenas facultades legislativas, es decir, sin pasar por el Pleno.

Los argumentos del Gobierno, para llevar a cabo esta reforma de carácter urgente es que acatar sentencias como la del Tribunal Supremo que ordena la reducción de los vuelos de Barajas sobre Santo Domingo en un 50% para la protección de su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, reduciría la operatividad del aeropuerto en un 20%, pérdidas de unos 1.100 millones de euros, de 47.000 empleos y de la inversión de 6.000 millones de euros que la ampliación ha supuesto y la frustación de los planes de British Airways de establecer un nudo de enlace con Sur-América en Barajas, lo cual permitiría incrementar la actividad del aeropuerto hasta su máxima capacidad prevista de 120 operaciones/hora.

Es decir el objeto de la reforma no es adecuar la obsoleta ley de Navegación Aérea de 1964 al régimen autonómico post Constitucional, ni a la normativa de seguridad y protección ambiental incorporada a derecho interno tras la adhesión de España a la Unión Europea , o como dice, reciente legislación internacional, sino impedir el cumplimiento de una sentencia e impedir que se aplique la actual jurisprudencia de protección contra el ruido ambiental al ámbito del transporte aéreo. Los efectos de esta modificación además se haría recaer tanto respecto a procedimientos o reclamaciones con sentencia o en tramitación.

Dice el artículo 53 de la Constitución que los derechos reconocidos en el Capítulo II vinculan a los poderes públicos y sólo pueden ser regulados mediante ley. Entre estos se encuentran el derecho a la seguridad (art.17), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18) a elegir libremente la residencia (arr. 19), a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes (art.23) y el derecho a no ser privado de derechos y bienes sino por causa justificada de interés publico o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad a lo dispuesto por las leyes. También han de ser regulados por ley los procedimientos administrativos a través de los cuales se producen los actos administrativos en los que deberá garantizarse la audiencia del interesado.

Todos estos derechos han sido y están siendo conculcados con motivo de la autorización de construcción, ampliación y uso de infraestructuras aeroportuarias como la de Barajas, mediante actuaciones de hecho, que ahora pretenden ser legitimadas con actos legislativos puntuales como el que motiva este escrito, bajo la apariencia de protección del derecho de los afectados, a los que se les insonorizarán las viviendas y la constitución de servidumbres (sin derecho a indemnización) cuando en definitiva lo que se esconde es imponer claramente el deber de soportar el ruido aéreo y con ello la imposibilidad de exigir la Responsabilidad Patrimonial que contempla la Ley 30/92, incluso frente a los errores o malas actuaciones de la Administración por no haber tenido en cuenta en el momento de la evaluación de impacto ambiental, cual sería este. En definitiva, se bendice una vez más la praxis de actuaciones de hecho y hechos consumados, que ha sido la tónica general hasta ahora de AENA y nuestra Administración aeronáutica.

El interés público en las infraestructuras aerportuarias

Bajo el amparo del termino legal de “interés publico” o “interés social” nuestros políticos se atreven a casi todo, con absoluta irresponsabilidad y bagatelización del término, olvidando que éste, el “interés publico” o el “interés social” no se presume, pues debe estar previamente regulado y definido en una ley y que, en todo caso, ha de servir con objetividad y eficacia los intereses generales, siempre conforme a la ley , fundamento del orden político y la paz social según el art. 10 de la Constitución.

En el ámbito de la Navegación aérea, el interés público viene definido en la Disposición Adicional Única de la ley reguladora (que no se piensa reformar por cierto) en el que se establece que las servidumbres acústicas constituyen una limitación de la propiedad, que darán lugar a expropiación cuando impidan el ejercicio de derechos patrimonializados (y por lo tanto mediante compensación económica según el art. 54 de la propia ley), servidumbres que solo se justificarán por razón del interés general, definido en la propia norma como la “sujeción parcial” al interés general que “comprende la protección de las personas, del medio natural y de la seguridad aérea”. Es decir, el interés económico no forma parte del interés general que puede dar lugar a una servidumbre acústica, por lo que la motivación de esta reforma, de pérdidas económicas cuantiosas de la explotación del aeropuerto de Barajas y perdidas de empleo, queda al margen de la Ley, es inconstitucional.

Vulneración del derecho a la participación

El proyecto de ley presentado de nuevo a las Cortes, con ligeros retoques, fue vetado en el Senado en el pleno del día 2 , al no ser aceptada la mencionada modificación legislativa, introducida como enmienda del Senador D. Antonio Hurtado , al Anteproyecto Ley de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley …. Sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Concurre pues la causa contemplada en el artículo 149.2. del Reglamento del Congreso que impide a esa Comisión conocer del asunto con plenitud legislativa, por lo que debería ser debatido en el Pleno.

Se da además la circunstancia de que tanto la motivación de la norma que se propone (solucionar el conflicto ambiental de Barajas) como su alcance y contenido (imponer servidumbres acústicas con carácter general para too tipo de aeropuertos) entran dentro del ámbito de aplicación del Convenio sobre el Acceso a la Información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998 y ratificado por esa Cámara mediante Instrumento de quince de diciembre de 2004 (BOE Nº 40, de 16 de febrero de 2005), incorporado a su vez en parte a derecho interno mediante la Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Quiere ello decir que tramitar dicha propuesta de ley por la Comisión mediante el trámite de urgencia y eludiendo los trámites de información y participación publica, vulnera el derecho a la participación que recoge el art. 9 de la Constitución , el cual ha de ser interpretado conforme a dicho Tratado Internacional según dispone el artículo 10.2 de la Constitución.

Según reza la memoria presentada por el Gobierno, la urgencia de esta ley se justifica en la amenaza que para la operatividad y viabilidad económica de Barajas representa la reciente sentencia del TS en la que se ordena reducir su tráfico para proteger derechos fundamentales, y las muchas sentencias que en tal sentido van a producirse próximamente. Se trata pues de adoptar una decisión para evitar dicha amenaza y, por lo tanto, respecto de una actividad enumerada en el Anexo I, apartado 8.a) “la construccion de pistas y aeropuertos” del Convenio de Aarhus, que debería haber sido sometida al procedimiento de participación pública que contempla el artículo 6.

Y como además la reforma es un instrumento normativo jurídicamente obligatorio y de aplicación general referido al ámbito de la contaminación acústica o ruido, está sometida al procedimiento de participación del público establecido en el artículo 8 del Convenio de Aarhus, el cual debería permitir al menos que los afectados que habrán de soportar la navegación aérea y van a perder su derecho a ser resarcidos de los daños que esto les comporte, puedan manifestar su opinión y hacer observaciones en una fase temprana, cuando todas las opciones son posibles, así como a que éstas sean debidamente tomadas en cuenta en la resolución que se adopte.

¿Porqué han soportar las poblaciones los errores de planificación y mala gestión de sus gobiernos? ¿Porqué el legislativo no cumple su función fiscalizadora del Gobierno?

La Ley 37/2003 de ruido establece en su disposición adicional primera que los Planes de Acción de los grandes aeropuertos deberán estar aprobados antes del 18 de julio de 2008, y pese a que el R.D. 1513/2005 que lo desarrolla reitera la misma obligación y plazo en su artículo 10, ni AENA ni Fomento han cumplido con dicha obligación.

También dice el artículo 10 de la Ley del Ruido que las zonas de servidumbre acústica se delimitarán en los mapas de ruido y AENA (entidad que a nuestro entender no tiene competencia para ello) ha sacado a información pública no uno, sino dos mapas de ruido de Barajas, en los que no hace tal delimitación, ¿tal vez porque consideraba que a penas hay población afectada por ruido que supere los valores límite de inmisión? Estos mapas, casi un año después de haber salido a información pública no han sido aprobados y se desconoce cual es el órgano competente para aprobarlos. Si ahora se presenta una propuesta de ley prorrogando ese plazo 6 meses a partir de su redacción, debería expresarse así de claro y modificar la ley de ruido, pero muchos nos tememos que de poco servirá otra ley si la anterior no se ha cumplido; será preciso hacer algo más, por ejemplo exigir responsabilidad al Gobierno por lo mal hecho o lo que no ha hecho.

También se dice en la disposición adicional de la Ley de Navegación Aérea que las normas de desarrollo son las que han de delimitar las zonas de incompatibilidad, afectación e influencia de uso, instalaciones, actividades y edificaciones y que son el planeamiento territorial y urbanístico los que han de incorporar las limitaciones de las servidumbres acústicas. Eran pues por un lado el gobierno y por otro la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos los que, en definitiva, debían haber desarrollado e implantado las servidumbres acústicas y tampoco lo han hecho, dando lugar a urbanizaciones en pasillos aéreos tradicionales y a que las rutas se hallan desplazado sobre urbanizaciones asentadas que no estaban afectadas.

El conflicto surgido y del que los Tribunales se están haciendo eco finalmente no es por falta de leyes o porque estas no sean claras, sino en todo caso a una falta de desarrollo normativo reglamentario adecuado, a la que se ha unido un incumplimiento de la legislación de evaluación de impacto ambiental y una deficiente planificación. Buena muestra de estas irregularidades es que los afectados por Barajas tienen 5 huellas acústicas “aprobadas” en su haber, todas distintas, irreales, ilegales e inservibles ( como demuestra esta nueva reforma legal que se propone) aprobadas por órganos sin competencia, sin publicidad, sin información pública y, por supuesto, sin participación ni conocimiento de los afectados, cuyo único objetivo ha sido cumplir meros trámites formales, apariencias de legalidad, para enmascarar actuaciones de hecho arbitrarias, sin planificación ni proyecto. El resultado en Madrid ha sido que se aíslen viviendas cuando ya no soportaban ningún ruido mientras otras, no incluidas en ninguna de las 5 huellas, han obtenido sentencia de protección de derechos fundamentales, como ha sido el caso de Santo Domingo.

¿Cómo no va a haber conflictividad con este modo de actuar?

¿Porqué han soportar las poblaciones los errores de planificación y mala gestión de sus gobiernos?

¿No es más acorde a nuestro pretendido estado de derecho que los ciudadanos esperamos de nuestros representantes parlamentarios que estos controlen y exijan responsabilidades al ejecutivo en vez de ser cómplices de su mal hacer?

La única forma de garantizar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas por los aeropuertos es promoviendo y exigiendo un desarrollo normativo en el que:

◦Se obligue a la Administración a aprobar y publicar las autorizaciones de los proyectos de ampliación, construcción y modificación de aeropuertos y de las rutas aéreas, existentes y futuros.
◦Se obligue a la Administración a llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental real de los aeropuertos existentes y sus rutas aéreas
◦ Se explicite que las rutas aéreas han de estar sometidas antes de su implantación y modificación a un procedimiento de evolución de impacto ambiental, han de ser aprobadas y publicadas en el BOE, para conocimiento de los afectados, han de ser motivadas y justificadas en cuanto a su interés publico y necesidad.
◦Se obligue a la Administración a especificar los valores límite de emisión de ruido de los aviones para cada punto de la trayectoria , sin lo cual no se puede aplicar la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea en su artículo 47 , en el que se dice que será motivo de infracción la superación de los valores niveles máximos de ruido definidos en las trayectorias y puntos establecidos en las rutas de llegada o salida , y en su disposición adicional tercera, por la que se modifica la Ley 50/1998, en donde se dice que mediante circular aeronáutica se fijarán los procedimientos de disciplina de tráfico aéreo en los que “podrán fijarse” los niveles máximos de ruido establecidos en puntos de las trayectorias o cercanos a los aeropuertos así como las desviaciones máximas permitidas.
◦Se establezcan conforme a la Directiva de Ruido y el RD 1513/2005 que desarrolla la Ley del Ruido en su Anexo I.2 valores máximos de ruido (Lmax) acordes con los criterios de la OMS pues los 85dB establecidos son un atentado para la salud.
Dice la respuesta del Defensor del Pueblo a una de las quejas de los vecinos de Barajas, expediente 08000297 que Estamos ante un aeropuerto ruidoso, ante una instalación inherentemente molesta, muy próxima sino inserta en la ciudad y esa realidad no la cambian mas que acciones materiales de rectificación y eliminación de impactos, y termina diciendo que la Administración debe reflexionar sobre el hecho de que un evento puntual con “una medición instantánea de 75dB es para un residente una agresión y la repetición de eventos puntuales de 75dB es una tortura , un caso de ambiente propio de una calidad de vida indigna”, al tiempo que destaca la sentencia de Santo Domingo por el reconocimiento de los picos medidos , que hecha por tierra, en ciertos casos al menos, los valores promedios como aptos para establecer el contraste entre los valores tolerables y los medidos”

Por lo poco que he expuesto ya se puede ver que existe además un conflicto grave entre el incremento del tráfico aéreo y los derechos fundamentales reconocidos a las personas, ye entre el desarrollo de una actividad comercial y el medio ambiente, que es imposible abordarlo mediante una reforma puntual de un artículo y menos como la que se pretende, pues requiere en todo caso de un estudio mucho más detallado y profundo del que someramente apunto. Y en cuanto a Barajas, en particular, la solución sólo puede venir de un gran pacto entre afectados, compañías y administraciones, o un arbitraje que se refleje en un nuevo Plan Director en el que las reglas del juego queden bien claras, para lo cual hace falta mucha información y transparencia por parte del ente gestor.

Pero para buscar soluciones como esta hay que tener, primero humildad y reconocer los errores, luego voluntad política de saber y conocer el fondo del problema y por último, sentido común. Algo que si bien no se dá en nuestra clase política, al menos como ciudadanos deberíamos apostar por ello, pues al final siempre somos nosotros a los que no toca pagar la factura.

Por Mª Angeles López Lax

Secretaria de la Asociación Nacional de Afectados por el Tráfico Aéreo y miembro de RADA.

http://redabogadosdefensaambiental.es/?p=207

jueves, 7 de enero de 2010

EL DISEÑO DEL FUTURO AEROPUERTO DEL SUROESTE DEBERÁ ESTAR CONCLUIDO A MEDIADOS DE FEBRERO.

El diseño del futuro aeropuerto del Sureste, entre El Álamo y Navalcarnero, deberá estar concluido a mediados de febrero.

El Gobierno regional tendrá listo a mediados de febrero el diseño del nuevo Aeródromo del Suroeste, que se situará entre El Álamo y Navalcarnero, después de que el pasado mes de septiembre adjudicase de forma definitiva la elaboración de estudios técnicos previos a su construcción, según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad.

El Gobierno regional tendrá listo a mediados de febrero el diseño del nuevo Aeródromo del Suroeste, que se situará entre El Álamo y Navalcarnero, después de que el pasado mes de septiembre adjudicase de forma definitiva la elaboración de estudios técnicos previos a su construcción, según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad.

El contrato fue adjudicado a la UTE Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A.; Cemosa, Ingeniería y Control, S.A; y Oriol Arquitectura, S.L; por un importe de 1,18 millones de euros, y se le otorgó seis meses y medio desde el 1 de septiembre para la elaboración de todos los trabajos previos necesarios para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras del Aeródromo del Suroeste.

Los pliegos de adjudicación recogen la elaboración de los estudios y proyectos técnicos de fase I, es decir, previos a la redacción del proyecto constructivo del Aeródromo del Suroeste, "imprescindibles para su correcta planificación y tramitación", indicaron las mismas fuentes.

Entre los trabajos que se tienen que elaborar en este plazo destaca el Estudio de Viabilidad, que consiste en la evaluación técnica de emplazamientos para la ubicación del aeródromo, identificando la mejor alternativa en función de los análisis realizados. La parcela que hay proyectada para el desarrollo del aeródromo está situada entre la M-404 y la R-5.

También llevarán a cabo el Plan Director, un estudio detallado de la delimitación de la zona de servicio del aeródromo y de las actividades previstas en sus diferentes áreas, así como de las infraestructuras necesarias para garantizar su accesibilidad, analizando, igualmente la incidencia del aeródromo en el ámbito territorial.

Otro de los pasos es la elaboración del Plan Especial, ya que conforme a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, hay que preparar toda la documentación necesaria relativa a la ordenación urbanística establecida y su adecuación al planeamiento general.

En estos seis meses, las empresas también tienen que ponerse manos a la obra con los trámites ambientales (el estudio de Impacto Ambiental)--objeto de protesta de algunos vecinos de la zona--, además del Proyecto Básico, para determinar la configuración del campo de vuelos, así como de la urbanización y accesos al aeródromo, y diseño funcional de las edificaciones (terminal, torre de control, central eléctrica, entre otras cosas).

Asimismo, se procederá al Estudio geológico-geotécnico completo para el diseño y dimensionamiento previos de las obras, con el fin de tener todo preparado a principios del año que viene y en el segundo semestre poder comenzar las obras de esta nueva infraestructura que será utilizada exclusivamente por vuelos de negocio y escuelas de vuelo, lo que permitirá el desmantelamiento de las instalaciones de Cuatro Vientos, una demanda histórica de los vecinos de Carabanchel.

Además, este nuevo aeropuerto permitirá acabar con los problemas de la aviación de negocios que no pueden seguir operando desde la base de Torrejón de Ardoz. Se tratará por tanto de un aeródromo que no será comercial y acogerá fundamentalmente, tráfico de escuelas de vuelo, aviación de negocios, vuelos deportivos, trabajos aéreos (agroforestales y agrícolas, fotografía aérea, pequeño transporte de carga, extinción de incendios, emergencias, o vigilancia).


03/1/2010 - 12:05

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/167263/el-diseno-del-futuro-aeropuerto-del-sureste-entre-el-alamo-y-navalcarnero-debera-estar-concluido-a-mediados-de-febrero/

viernes, 18 de diciembre de 2009

INFORME: MEJOR... EL RUIDO.

El Gobierno cambia la ley para asegurar la actividad de los aeropuertos. Los afectados denuncian que se prima la economía sobre el bienestar. Los vecinos pagan ahora el mal planeamiento urbanístico en los alrededores de Barajas.
LUIS DONCEL 15/12/2009


"¿Qué te parecería si el chalé que compraste hace 20 años pierde el 30% de su valor de la noche a la mañana? ¿Y si además te machacan porque no te dejan vivir tranquilo ni a ti ni a tu familia?". Quien formula la pregunta es Pepe Villar. Conoce la respuesta de primera mano, porque eso es lo que le ha sucedido en su casa de La Granjilla, una urbanización cercana a San Sebastián de los Reyes (Madrid). "Los aviones transoceánicos te despiertan a las siete de la mañana y ya siguen todo el día. En verano, cuando estamos en el jardín, es insoportable. Tenemos que hablar a gritos", continúa.

La pesadilla cotidiana que vive Villar asusta. Pero los datos que exhiben desde el otro lado de la batalla apabullan. Un informe de AENA cuantificaba en 1.125 millones de euros las pérdidas que acarrearía el cumplimiento de una sentencia que consagraba el "derecho fundamental a la intimidad domiciliaria" de unos vecinos que todos los días soportan el estruendo de los aviones. Y, lo que parece aún más importante en tiempos de paro masivo, unos 47.000 puestos de trabajo que desaparecerían en aras del derecho al descanso. Además, la sentencia hacía peligrar las cuantiosas inversiones de British Airways en Iberia.
Se trata de cálculos elaborados por una de las partes en el conflicto, cuya credibilidad ponen en duda los que se tragan los ruidos. Son pegas comprensibles. Lo difícil de negar es que AENA eligió bien el momento para publicar este informe. Tan sólo dos días después de que el estudio saliera a la luz, el Consejo de Ministros anunció un cambio de ley que los afectados recibieron como un jarro de agua fría.
La norma que presentó el Ministerio de Fomento el 4 de diciembre pretende, en palabras de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, "proteger a los ciudadanos que viven en poblaciones afectadas por el ruido de los aviones y salvaguardar los intereses de los usuarios de servicios aeroportuarios".
Pero más allá de las amables palabras de los políticos, la reforma sirve para vaciar de contenido las dos sentencias que en los dos últimos años habían dado esperanzas a los damnificados por el zumbido continuo sobre sus cabezas. El Tribunal Supremo reconoció el año pasado el derecho a la intimidad domiciliaria a los habitantes de la urbanización de Ciudad de Santo Domingo, en Algete. Y ordenó reducir a la mitad los vuelos en configuración sur, es decir, aquellos que aterrizan en la Terminal 4 (T-4) de Barajas desde el norte con viento sur. Esto suponía que el aeródromo más importante de España disminuyera su actividad en un 20%. Un año más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apuntó en la misma dirección y emplazó al gestor público de los aeródromos a reducir las operaciones "con carácter inmediato".
El PSOE pretendió evitar una cascada de sentencias similares con una enmienda en el Senado a la ley ómnibus que establecía la "obligación" de soportar el ruido. Los grupos políticos estaban de acuerdo en que, si había que elegir entre dos males, optaban por el menor. "Cualquier día un tribunal iba a paralizar un aeropuerto vital para el país", se justificó entonces el senador socialista Antonio Hurtado.
Pero la movilización de los afectados ahuyentó el consenso. "Ningún grupo había puesto inconvenientes. Tras el follón mediático, los otros parlamentarios decidieron darse un tiempo para reflexionar. Yo mismo soy un afectado por el aeropuerto de Almería en mi segunda residencia, pero nadie quiere que se reduzca la capacidad", asegura el senador responsable de la enmienda.
Una visión opuesta exhibe Luis Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo: "La enmienda nos dejaba vendidos. Parecía que la metieron en el último trámite de la ley a ver si colaba". Los socialistas la retiraron el 2 de diciembre, pero sólo tardaron dos días en atacar con la artillería pesada: el Consejo de Ministros. El proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea de 1960 obliga al Estado a "garantizar que se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal". Pero siempre que se cumplan estos requisitos -y aquí viene la parte sustancial- "será obligatorio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea". Con este movimiento, el Gobierno se asegura que ninguna sentencia exigirá reducir las rutas. Además, Fomento da cobertura legal para hacer oídos sordos a lo que dijo el Supremo. "AENA puede alegar que, como ha habido un cambio normativo, no puede ejecutar la sentencia", afirma el abogado de un conocido despacho que prefiere mantener el anonimato. "Se abre un nuevo litigio. No se puede legislar contra una sentencia firme. El Gobierno confunde mucho más de lo que aclara", amenaza la abogada de los afectados, María Ángeles López.
La servidumbre acústica es la solución que propone la nueva norma. Este concepto trata de definir un entorno en el que, si no es posible cumplir los objetivos de calidad acústica deseables, al menos el Estado se compromete a actuar con aislamientos, indemnizaciones o traslados. Y establece que los aeropuertos de Madrid y Barcelona estarán obligados a definir las servidumbres en seis meses.
"Hasta ahora la ley obligaba a definir las servidumbres en 2020. O sea, que hemos adelantado la obligación 10 años. Barajas tiene ahora 98 movimientos por hora, pero pretende llegar a los 120. Y sin este cambio no sería posible", señala el senador socialista. "La insonorización mitiga el problema, pero no lo soluciona. Te pueden aislar una vivienda, pero ¿cómo te compensan la tranquilidad perdida en el jardín o la terraza?", responde el representante de los afectados. AENA calcula que ya ha insonorizado el 94% de las viviendas que quedan dentro de la huella sonora actual.
Hablar con los líderes vecinales que batallan y hacerlo con los responsables gubernamentales es como viajar de un planeta a otro. No se ponen de acuerdo en nada. Ni siquiera en el alcance del problema. AENA considera que en Madrid hay menos de 50.000 afectados. La asociación cuenta más de medio millón de damnificados por Barajas. Y 1,2 millones en toda España.
"Consideramos afectados a los que soportan más de 65 decibelios de día o 55 de noche, que es lo que marca la ley y las directivas comunitarias. No podemos incluir a todas las poblaciones sobre las que vuela una aeronave", argumenta José Manuel Hesse, director de medio ambiente de AENA. "Sólo tienen en cuenta los valores medios. Es como si te duchas primero con agua hirviendo y luego helada. La media dirá que ha sido una ducha placentera", responde Luis Martínez. "Los mapas de ruido que ha hecho AENA son más que cuestionables. Y ahora están pagando el pato por haber sido tan cicateros", asegura Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Algún dato apunta a que esta queja tiene sentido. Por ejemplo, resulta sorprendente que la urbanización que ha dado nuevos bríos al conflicto al presentar la demanda esté excluida de la huella sonora de Barajas.
La pelea político-legal en torno a Barajas y el resto de aeropuertos de España no es ni mucho menos una novedad. Algo parecido ha sucedido en otros grandes aeródromos como Heathrow (Londres), Charles de Gaulle (París) o Fráncfort. Un ejemplo a seguir es el de la región de Randstad, en Holanda. Allí, alrededor del aeropuerto se ha desarrollado una zona industrial, donde se evitó la construcción de viviendas. Las fábricas están insonorizadas y en muchos casos el ruido de las máquinas de trabajo tapa el de los aviones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2003 que los ruidos nocturnos no violan el derecho a la vida privada. Con este dictamen, Estrasburgo revocaba una sentencia en sentido contrario que había emitido el mismo tribunal en defensa de ocho ciudadanos que vivían al lado de Heathrow.
El conflicto entre el derecho a un entorno tranquilo y salubre y la necesidad de impulsar sectores clave para la economía es de imposible resolución. Y se asienta sobre hechos irreversibles, como el desarrollo urbanístico desaforado de la zona en los últimos años. "Se han construido urbanizaciones donde no se debía. Un año antes de la inauguración de la T-4, se querían levantar 4.500 viviendas en El Molar, dentro de la huella sonora de Barajas", afirma Paco Segura, de Ecologistas en Acción.
"Es insostenible el crecimiento desmesurado de la actividad aérea. Por ejemplo, ¿por qué no paga impuestos el combustible de los aviones? Es una aberración que un billete de ida y vuelta a Londres cueste 10 euros. La solución es potenciar el ferrocarril", continúan en la organización ecologista. Pero ésta, en todo caso, sería una solución a largo plazo. Y los vecinos reclaman soluciones ya. A pesar de que algunos se mudaron cuando ya sabían que la actividad de la T-4 socavaría su descanso.
Los afectados critican la política de hechos consumados que ha adoptado AENA y apuntan al lugar elegido para la T-4, inaugurada en 2006, como el verdadero foco del mal. "Nos vendieron que hacían una ampliación del aeropuerto, cuando en realidad construyeron uno nuevo y de tapadillo", denuncia Ramírez.
"Hemos vivido una cierta esquizofrenia, porque se protesta por el ruido y luego se pedía urbanizar cerca del aeropuerto. En Madrid y Barcelona se han construido viviendas posteriores a la Declaración de Impacto Ambiental. La servidumbre servirá para imponer una ordenación del territorio; que no se autorice ningún desarrollo urbanístico en esa zona".
Un documento hecho público en 1999 por el Ministerio de Fomento admitía que el ruido del Gran Barajas afectaría a 15.000 vecinos. Cuatro años después de que la T-4 entrara en funcionamiento está claro que los perjudicados son muchísimos más. Y no parece razonable pensar ahora en trasladar una infraestructura que costó 6.000 millones d euros. Los cambios normativos, desde luego, no van en esa dirección.

sábado, 12 de diciembre de 2009

EL PSOE DA PRIORIDAD A LA LEY DE NAVEGACIÓN AÉREA.

Todo empezó con una acción judicial que llevaron a cabo los vecinos de la urbanización Santo Domingo, de la localidad madrileña de Algete, en donde sobrevuelan los aviones que confluyen en la nueva terminal del aeropuerto de Barajas. Los abogados de los vecinos utilizaron un argumento no contemplado en la Ley de Ruido. Es decir, no se consideran afectados por un impacto medioambiental, sino porque la frecuencia de vuelos vulnera "su derecho a la intimidad". El Supremo les dio la razón y ordena la reducción del tráfico aéreo en la zona. Si se cumplen los términos de esta sentencia, la inversión en la ampliación de Barajas habrá caído en saco roto. Se deberá reducir la capacidad operativa en un 20%.
La única forma de poder contrarrestar esta sentencia del Supremo, cuya ejecución ha sido encargada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es mediante la reforma de la Ley de Navegación Aérea. El Gobierno se ha puesto a trabajar urgentemente en torno a este asunto porque se corre el riesgo de neutralizar la actividad de Barajas y, por efecto dominó, ya que una sentencia del Supremo crea jurisprudencia, a otros aeropuertos, como el Prat de Barcelona, Málaga o Son San Juan en Mallorca. El Ejecutivo aprobó, el viernes de la semana pasada, en Consejo de Ministros, dicha reforma que, inmediatamente, ha registrado en el Congreso de los Diputados para su tramitación por la vía de urgencia. Se trabaja contrarreloj para que este asunto se resuelva lo antes posible.
Inutilización
Porque mientras tanto, se corre el riesgo de que el TSJM, ejecute la sentencia y ordene la práctica inutilización de la pista 18-R. AENA, hasta ahora, había distribuido la frecuencia de vuelos entre las dos pistas, 18-R y 18-L que sobrevuelan la urbanización Santo Domingo, lo que había generado un equilibrio que permitía satisfacer las demandas de los vecinos y mantener el tráfico prácticamente inalterable, según las autoridades aeroportuarias. Pero los vecinos no consideran suficiente esta solución y han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha decidido obligar a AENA al cumplimiento de la sentencia del Supremo en su tenor literal. Es decir, inutilizando las pistas que molestan al vecindario. Otros pueblos de la zona ya han iniciado acciones legales basándose en esta sentencia mientras que Aeropuertos Nacionales ha hecho lo único que puede hacer: recurrir el auto del TSJM. Ganar tiempo para que se modifique la legislación en la materia, incluso trasponiendo las directivas europeas en la materia, para evitar el desastre.
Reducción de las operaciones
Y es que el desastre consistiría en que si se inutilizan las vías de aterrizaje de la configuración sur, la ampliación de Barajas quedará inutilizada. La capacidad de operaciones se vería reducida en un 20% y, encima se perdería la posibilidad de ampliación de dichas operaciones. En la actualidad, Barajas está capacitado para llevar a cabo 98 movimientos por hora. Si se cumple la sentencia se pasaría a 78. Pero lo peor es que se perdería la posibilidad, hasta ahora no utilizada pero sí posible técnicamente, de alcanzar los 120 movimientos, lo que hace muy atractivo a las aerolíneas el aeropuerto madrileño. Tanto que, incluso, algunas compañías quieren trasladar sus bases de operaciones a Barajas debido a la capacidad de fluidez de tráfico que ofrece. Si se cumple la sentencia, dichas compañías se trasladarían a otros lugares lo cual repercutiría en la aportación al PIB del aeropuerto, estimada en torno a los 100.000 millones de euros y la pérdida de 47.000 puestos de trabajo.
Obligaciones de AENA
De ahí la urgencia en solucionar, cuanto antes, este espinoso asunto. El proyecto de Ley del Gobierno establece las obligaciones de AENA en cuanto al impacto medioambiental de los aeropuertos españoles y la manera de contrarrestar el ruido procedente de los vuelos. Pero, una vez establecidas las limitaciones del gestor aeroportuario, no se deja margen a otras interpretaciones, como en el caso de los vecinos de Ciudad Santo Domingo en Algete, que han utilizado una interpretación de un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad, para poner en serios aprietos a la navegación aérea de este país.

ELPSOE QUIERE CAMBIAR LA LEGISLACIÓN PARA EVITAR SENTENCIAS DESFAVORABLES.

EL GOBIERNO DEL PSOE NO ACEPTA LA SENTENCIA DEL TSJM Y CAMBIA LA LEY PARA IMPEDIR SU CUMPLIMIENTO.


El Gobierno ha aprobado hoy un Proyecto de Ley para modificar la Ley de Navegación Aérea que incluye modificaciones en las instalaciones de AENA y actuaciones en las casas afectadas por la huella sonora de los aeropuertos, según ha anunciado la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La decisión del Gobierno pretende reparar el fracaso cosechado por la enmienda del Grupo Socialista esta semana en el Senado a la ley ómnibus de servicios que iba a cambiar la normativa que rige el tráfico aéreo para evitar la oleada de demandas que se cernía sobre AENA tras la sentencia del Supremo. El Alto Tribunal falló en octubre de 2008 que el ruido de los aviones de Barajas invadía el "derecho fundamental a la intimidad domiciliaria" de un grupo de vecinos de Santo Domingo (Algete), por lo que ordenó reducir los vuelos en configuración sur un 50%.
"Obligaciones precisas"
En lugar de recortar el tráfico de aviones del aeropuerto madrileño, que según la vicepresidenta tendría un coste de 1.200 millones de euros, la opción del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero pasa por ampliar de forma considerable el número de viviendas que el Ejecutivo tendría que aislar acústicamente y obligar a AENA a realizar algunos cambios en sus infraestructuras.
Según ha explicado De la Vega, con los cambios aprobados hoy "se reconoce el derecho a las personas afectadas" por el ruido de los aeropuertos a ser resarcidos y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias "sigan siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo".
Para ello, el Ejecutivo establecerá "obligaciones precisas" sobre los niveles acústicos máximos y obligará a los aeropuertos a cumplirlos, a la vez que promoverá planes de acción para aislar los inmuebles afectados.

http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/modifica/normativa/trafico/aereo/evitar/reducir/vuelos/Barajas/elpepueco/20091204elpepueco_11/Tes

PSOE OBLIGADO A RETIRAR LA ENMIENDA.

El PSOE se vio obligado ayer a retirar la enmienda a la llamada ley ómnibus de servicios con la que pretendía modificar in extremis la Ley de Navegación Aérea de tal forma que iba a obligar a los habitantes cercanos a los aeropuertos a soportar el ruido de los aviones. La modificación ha sido fuertemente contestada por ayuntamientos y asociaciones de vecinos, que ayer lograron el respaldo de una amplia mayoría de grupos del Senado, donde se votó la norma. La ley se aprobó con decenas de enmiendas, pero no con ésta.
El Grupo Socialista, en todo caso, dejó claro que el asunto no quedará aquí. Antonio Hurtado, que ejercía de portavoz, aseguró que la modificación tendrá que hacerse en un momento u otro. En otra ley o en una legislación específica. Ahora hay que retomar las negociaciones con la Comunidad de Madrid, los vecinos afectados y los grupos políticos, que ayer criticaron el intento de introducir semejante modificación de tapadillo.
Oleada de demandas
La propuesta pretendía modificar la Ley de Navegación Aérea, para evitar una oleada de demandas contra AENA y, a cambio, ampliaba enormemente el número de viviendas que el Ejecutivo tendría que aislar acústicamente. En octubre de 2008, el Tribunal Supremo falló que el ruido de los aviones invadía el "derecho fundamental a la intimidad domiciliaria" de un grupo de vecinos de Santo Domingo (Algete). El tribunal ordenó también reducir los vuelos en configuración sur un 50%.
Fuentes de otros grupos destacaron que se trata de un problema mayúsculo para Iberia en su fusión con British Airways. En esa fusión, Iberia aporta principalmente la exclusividad del nuevo aeropuerto de Barajas para convertirlo en el puente de British Airways hacia Latinoamérica.
Hurtado pintó ayer un negro panorama si se cumpliera la ley de acuerdo con la interpretación que han hecho los jueces. Si se consolidan este tipo de sentencias habría que reducir el tráfico en la nueva pista de Barajas un 20%, en vez de aumentarse como estaba previsto. Las consecuencias serían unas pérdidas de 1.250 millones de euros y poner en peligro hasta 47.000 empleos, según aseguró ayer Hurtado. En nombre del PSOE pidió "responsabilidad" porque es necesario "para la economía de este país".

viernes, 11 de diciembre de 2009

SENSORES ACÚSTICOS PARA VIGILAR LOS AVIONES.

Desde el actual Gobierno local se exige a AENA que abra expediente sancionador a los aviones que se desvíen de la ruta establecida, que amplíe la huella acústica y en consecuencia insonorice las viviendas afectadas y que compense a Torrejón y al resto de municipios afectados con una gran cuantía económica por los daños y perjuicios sufridos durante todos estos años.
El alcalde de Torrejón presenta la red de sensores acústicos instalada en la ciudad con el objetivo de vigilar que los aviones no sobrevuelen zonas urbanas y medir el ruido que provocan
● Los alcaldes de Torrejón, San Sebastián de los Reyes y Algete han mostrado su total rechazo al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros para modificar la Ley de Navegación Aérea, que obligaría a los vecinos a soportar el ruido de los aviones.
● Para Pedro Rollán “el Gobierno socialista de la Nación de tapadillo, y mediante una artimaña política, vuelve a la carga en contra de los municipios y vecinos afectados con el único fin de alinearse con las compañías aéreas al aprobar el pasado viernes un proyecto de ley por el que los vecinos tendrán el deber de soportar el ruido de los aviones”.
● El alcalde de Torrejón ha decido instalar esta red de sonómetros después de exigirlo durante los últimos años al gobierno de la nación y éste hacer oídos sordos a esta petición.
El alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, y la alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez, se han reunido esta mañana en Torrejón para denunciar los ruidos de los aviones de Madrid-Barajas, ya que estos tres municipios se encuentran entre los más afectados por la contaminación acústica y la inseguridad que genera el aeropuerto de Barajas.
Así, los ediles han acudido al municipio torrejonero para presentar la red de sensores acústicos que se ha instalado en la ciudad con el objetivo de vigilar que los aviones no pasen por zonas urbanas. Se trata de cuatro sonómetros colocados en el colegio público de la Zarzuela, en el Polideportivo Joaquín Blume, en la Piscina Cubierta de la calle Londres y en el Centro Municipal de Servicios Empresariales, donde ha tenido lugar la reunión. Llevan funcionando desde mediados del mes de octubre, recogiendo datos que podrán ser utilizados en el caso de llegar a considerar la posibilidad de denunciar todos aquellos vuelos que se hayan salido de la ruta establecida y hayan sobrevolado el casco urbano de Torrejón de Ardoz.
Torrejón de Ardoz, 10 de diciembre de 2009. Por ejemplo el sonómetro instalado en el Polideportivo Joaquín Blume durante el mes de octubre registró 574 aviones que excedían los 60 db en horario diurno (máximo permitido por la ley) y 75 aviones que superaban los 50 db en horario nocturno. Lo mismo ocurría con el de la Piscina de la calle Londres (47 en horario diurno y 20 en horario nocturno) o en el situado en el Centro Municipal de Servicios Empresariales (40 aviones en horario diurno y 61 en nocturno).
El alcalde, Pedro Rollán, explicó que estos informes han sido enviados al Presidente de Gobierno, Ministra de Defensa, Ministro de Fomento, Ministra de Medio Ambiente y Director de AENA, ya que incumplen el acuerdo que indicaba que los aviones sólo despegarían en configuración sur en ocasiones excepcionales. “Sin embargo, gracias a estos sonómetos observamos como continuamente los aviones se salen de la ruta establecida y sobrevuelan zonas residenciales y con gran densidad de población. Por ello, con la remisión de estas cartas lo que solicitamos es que se abra un expediente sancionador a los aviones que no han seguido la ruta establecida”.
Además, el Ayuntamiento podrá denunciar y sancionar a estos aviones gracias a que en el pasado Pleno del mes de noviembre, se aprobó derogar el artículo 2.2 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones. Con esta modificación el Consistorio podrá sancionar el exceso de ruido de los aviones que pasen por el término municipal de Torrejón y remitirá a AENA los datos de los aviones que se han salido de la ruta establecida para que AENA también les abra un expediente sancionador.
“No nos fiamos del PSOE. Éste presentó una enmienda en el Senado para que los vecinos de los municipios afectados por el ruido de Barajas entre los que se encuentran San Sebastián de los Reyes, Algete y Torrejón soportaran por “imperativo legal” el ruido de los aviones que sobrevuelan el aeropuerto. Esta enmienda se retiró a última hora del pasado miércoles por la presión que hicimos los Ayuntamientos y los colectivos vecinales. Sin embargo, pese a retirarla en el Senado, ya que no contaban con el apoyo de los alcaldes de las localidades afectadas, sólo dos días después, es decir el viernes pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley para modificar la Ley de Navegación Aérea de 1960, según el cual los vecinos tendrán el “deber de soportar el ruido de los aviones”. Así, el Gobierno socialista de la Nación de tapadillo, y mediante una artimaña política, vuelve a la carga en contra de los municipios y vecinos afectados con el único fin de alinearse con las compañías aéreas”, indicó el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán.
Fruto de esta desconfianza, los Ayuntamientos de los municipios más afectados siguen pendientes de que los aviones no sobrevuelen el casco histórico ni pasen por aquellas zonas que están excluidas de la huella acústica. “Desde el Consistorio torrejonero, estamos poniendo los medios adecuados para exigir que se cumpla el derecho al descanso de los vecinos de Torrejón. Además la huella acústica elaborada por AENA indicaba que no pasaban aviones por nuestra ciudad. Sin embargo, a tenor de los datos que han recogido los sonómetros, observamos que no es así y que los aviones están sobrevolando el casco urbano de Torrejón y las zonas residenciales”, señaló el edil torrejonero. Así, desde el actual Gobierno local se exige a AENA que abra expediente sancionador a los aviones que se desvíen de la ruta establecida, que amplíe la huella acústica y en consecuencia insonorice las viviendas afectadas y que compense a Torrejón y al resto de municipios afectados con una gran cuantía económica por los daños y perjuicios sufridos durante todos estos años. En el caso de Torrejón ascendería a más de 600 millones de euros.
“Además lo que queremos es compatibilizar el nivel de operaciones que tiene el aeropuerto con la calidad de vida de los vecinos, ya que en estos momentos tienen un nivel inferior al resto de habitantes de otras zonas de Madrid puesto que soportan ruidos continuos. Además en el caso de Torrejón estos ruidos son doblemente significativos ya que a los ruidos del aeropuerto se suman los de la Base Aérea”, concluyó, Pedro Rollán.

jueves, 10 de diciembre de 2009

CIUDADANOS EN REBELDÍA CONTRA EL RUIDO DE AVIONES.

Interesante enlace que muestra la penuria de quienes tienen que soportar el ruido proveniente de los aviones.
¿Sucederá algo parecido en Navalcarnero?
Sólo el tiempo dará o quitará razones. La información es categóricamente negada.
http://www.laotra.es/actualidad/noticia.pag?codigo=230884&titular=afectados_por_el_ruido_se_rebelan_contra_la_enmienda_que_les_condena_a_soportar_el_ruido_de_barajas

MEDIO MILLÓN DE AFECTADOS POR EL RUIDO DE BARAJAS.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaba hace tres semanas un auto en el que ordenaba "con carácter inmediato, reducir en un 50% la cifra de vuelos" sobre la urbanización de Ciudad de Santo Domingo, en Algete. Pero puede que la alegría dure poco para estos vecinos, unos 3.000, porque el PSOE quiere introducir una enmienda en el Senado por la que las poblaciones cercanas a los aeropuertos civiles "deberán soportar los sobrevuelos, frecuencias, ruido y demás impactos ambientales producidos por las aeronaves". En el caso del aeropuerto de Barajas, tras la puesta en marcha en enero de 2006 de la T-4, los vecinos afectados por el ruido de los aviones son más de 500.000, según cálculos de nueve asociaciones contra el ruido del aeropuerto.
Aunque esta cifra nunca ha sido aceptada por el Ministerio de Fomento, que presentó un mapa del ruido de Barajas donde sólo contabilizaba a 46.000 vecinos. La mayoría de las 34 localidades que padecen el tráfico de aeronaves criticaron el sistema de medición y pidieron ampliar la zona de sensibilidad. Ahora, con la posible modificación de la Ley de Navegación Aérea, que se votará el miércoles en el Senado, AENA estaría obligada a actualizar este mapa en el plazo de seis meses.
Pero en Santo Domingo creen que la modificación es una reacción gubernamental a la sentencia del TSJM, que abría la puerta a otras localidades afectadas. "Es un cambio que intentan hacer con carácter de urgencia, sin pasar por el Congreso", opina José María Serrano, portavoz de la Asociación contra el Ruido de Santo Domigo. "Esto demuestra que no somos los ciudadanos los que estamos asustados, sino el Estado", comenta Serrano, confiado en que la sentencia se cumpla y "que la modificación no se apruebe y predomine el sentido común". Más alterado estaba el alcalde de San Fernando de Henares, Julio Setién, que llamó a la "movilización" y a la unión de todos los municipios afectados por Barajas para mostrar su "rechazo rotundo" a la enmienda socialista en el Senado.
El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Impacto del Tráfico Aéreo, Luis Ramírez cree que la enmienda "es una forma inaceptable de recortar derechos básicos y un atajo para evitar sentencias desfavorables para el Estado", asegura Ramírez. Opina lo mismo Joaquín Herrera, presidente de Juristas Contra el Ruido: "Es una manera de evitar pleitos futuros, no se pueden pisar derechos". Tampoco está contento Ramírez con la posible ampliación del mapa del ruido: "Más gente tendrá que asumir que te van a indemnizar por tener que soportar una degradación en tu calidad de vida". Ramírez señala que si empieza a funcionar el concepto de entorno (que se usa en la enmienda), en el caso de Madrid los afectados pueden llegar a cinco millones de personas que viven o trabajan a unos 18 kilómetros de la T-4.
"La T-4 ha eliminado barrios enteros y perjudica a miles de personas", apunta Sergio Krstic, concejal de Medio Ambiente en Paracuellos, otro de los municipios afectados. Krstic confía en que continúe habiendo "jueces que no se dobleguen a presiones políticas".

lunes, 7 de diciembre de 2009

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE NAVEGACIÓN AÉREA.

Fomento

MODIFICADA LA LEY DE NAVEGACIÓN AÉREA

Establece las medidas protectoras necesarias para salvaguardar los derechos de los afectados por el impacto acústico de los aeropuertos.
Garantiza que las infraestructuras aeroportuarias sigan siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Navegación Aérea. Con la modificación hoy aprobada se reconoce el derecho a las personas afectadas por el entorno aeroportuario a ser resarcidos por los daños y perjuicios que se les ocasionen como consecuencia de la navegación aérea y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias sigan siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo.
El objetivo del Gobierno es establecer un marco jurídico claro que fije las obligaciones objetivas y precisas del Estado en materia de calidad acústica, compatible con la protección de los ciudadanos que viven en el entorno aeroportuario.
Este Proyecto adapta la Ley de Navegación Aérea a la más reciente normativa internacional y comunitaria en esta materia, y responde a la doctrina marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la 35º Asamblea de la OACI.
Obligaciones del Estado
Con objeto de lograr un justo equilibrio entre los derechos de estas personas y los intereses de la economía nacional, según este Proyecto de Ley, el Estado estará obligado en los aeropuertos de su competencia:
a) A garantizar que en las poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal.
b) A aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras. Estas garantizarán los objetivos de calidad acústica que, conforme a la normativa estatal, sean aplicables al espacio interior de las edificaciones.
c) La Autoridad aeronáutica competente y al gestor aeroportuario estarán obligados a hacer una evaluación continuada del impacto ocasionado por la infraestructura a las poblaciones circundantes, a vigilar y sancionar los incumplimientos que se pudieran producir y, en general, a instar o adoptar las medidas necesarias para compatibilizar una explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes.
El Proyecto da un plazo de seis meses al Estado para que en las grandes infraestructuras las que registren más de 250.000 movimientos al año- se aprueben las servidumbres acústicas y los planes correctores correspondientes.

domingo, 6 de diciembre de 2009

EL PSOE QUIERE IMPONER EL "RUIDO A LA FUERZA"

MARÍA ISABEL SERRANO MADRID
Sábado , 05-12-09

El Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó ayer, en Consejo de Ministros, un proyecto de ley para modificar la Ley de Navegación Aérea. «No es el mismo perro con distinto collar», precisaron a ABC fuentes del Ministerio de Fomento, impulsor del proyecto legislativo, a la pregunta de si el Ejecutivo central trata de recuperar el espíritu de la enmienda a esa misma ley de Navegación Aérea que quería obligar a los vecinos cercanos a los aeropuertos a soportar «a la fuerza» los ruidos de los sobrevuelos y la contaminación acústica.
Los afectados sí creen que el proyecto de ley aprobado ayer «es la misma imposición de soportar el ruido a la fuerza, pero lo maquillan con un debate parlamentario». Además, recuerdan, existe una sentencia del Tribunal Supremo (TS), de octubre de 2008 que, en el caso del aeropuerto de Barajas, sentencia que «cesen las causas» por las que se molesta a los vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en Algete, porque, dice el fallo del TS, «se vulnera el derecho a la intimidad domiciliaria». El problema en dicha urbanización son los vuelos en configuración sur que se realizan por la pista 18R de la T4. Con la utilización de la pista 18L el problema se zanjaría, insisten los afectados.
Pérdidas y empleo.
Como informó este periódico, la polémica enmienda que obligaba a soportar los ruidos, presentada por el Grupo Socialista del Senado, tuvo que ser retirada «in extremis» el pasado miércoles ante la fuerte presión de vecinos afectados y 17 ayuntamientos madrileños así como por la falta de apoyo político y parlamentario en la Cámara alta.
Desde el Gobierno central se insiste en que el proyecto de ley aprobado ayer «reconoce el derecho a las personas afectadas por el entorno aeroportuario a ser resarcidas por los daños y perjuicios que se les ocasione por la navegación aérea y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias sean un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo».
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue muy clara. Se refirió al aeropuerto de Barajas y dijo que la reducción de vuelos -que ordena la sentencia del Supremo- podría afectar a cerca de 125.000 puestos de trabajo a largo plazo y causaría pérdidas «en torno a los 1.100 millones de euros de forma inmediata y unos 3.000 a medio y largo plazo».
El proyecto de ley propone «establecer un marco jurídico claro» que fije las «obligaciones del Estado en materia de calidad acústica», compatible con la protección de los ciudadanos que viven en el entorno aeroportuario, «respetando su intimidad domiciliaria», concepto este último que es, precisamente, el que ordena respetar el TS en el caso de Algete y que, tanto vecinos como ayuntamiento, consideran que crea jurisprudencia.
Las mismas fuentes oficiales indican que el objetivo de la proyectada reforma de la Navegación Aérea «pretende lograr un justo equilibrio» entre las partes implicadas. Reconocen que la vigente legislación en esta materia, que data de 1960, «está obsoleta» porque en tantos años «las necesidades son otras».
También se recuerda que las «disponibilidades» del aeropuerto de Barajas «propician la fusión Iberia-British Airways» de cara al tráfico aéreo desde Madrid a los países iberoamericanos. El proyecto de ley pasa al Congreso de los Diputados para iniciar su trámite parlamentario.

jueves, 3 de diciembre de 2009

ALGETE SE INDIGNA POR LA ENMIENDA SOCIALISTA.

El Senador cordobés Antonio Hurtado, ha presentado una enmienda de modificación de la Ley de Navegación Aérea que persigue obligar a los vecinos de las poblaciones cercanas a los aeropuertos a soportar situaciones excepcionales de ruido y acotar su derecho a acudir a los Tribunales por estas situaciones.
El Grupo Socialista en el Senado, a través del senador cordobés Antonio Hurtado, ha presentado una enmienda de modificación de la Ley de Navegación Aérea que persigue obligar a los vecinos de las poblaciones cercanas a los aeropuertos a soportar situaciones excepcionales de ruido y acotar su derecho a acudir a los Tribunales por estas situaciones.
La enmienda, que se ha incluido dentro de la Ley Omnibus denominada “Ley de Modificación de las leyes previas para adaptarlas a la nueva Ley de Servicios Públicos” establece, entre otras cosas, que: “Los dueños de los bienes subyacentes tendrán la obligación de soportar la navegación aérea………….” Obligando según su apartado a) “A los habitantes y poblaciones asentadas en las proximidades de estos aeropuertos a soportar los sobrevuelos, frecuencias, ruido y demás impactos ambientales producidos por las aeronaves como consecuencia del uso de la infraestructura aeroportuaria, sus aerovías y sus operaciones asociadas…….”
Al tiempo que ordena la imposición de servidumbres forzosas “sin perjuicio de las indemnizaciones” y legaliza situaciones excepcionales de ruido remitiendo su aplicación “tanto a las infraestructuras aeroportuarias preexistentes como a las nuevas infraestructuras que puedan construirse en un futuro……” es decir, al Decreto de desarrollo de la Ley del Ruido (cuyo texto está recurrido por el Ayuntamiento de Algete en los Tribunales) que sitúa los límites de inmisión de ruido en 85db frente a los 65db día que establece la Ley del Ruido.
Además la enmienda pretende hacer una ley “ad casum”, frente a la Sentencia del Tribunal Supremo que condenó a AENA por la violación del derecho fundamental a la intimidad domiciliaria de los vecinos de la Urbanización Santo Domingo, Algete. La enmienda pretende afectar “a los derechos individuales y colectivos de las poblaciones circundantes de los aeropuertos reconocidos o que pudieran reconocerse judicial o administrativamente”. Es decir, el PSOE pretende tumbar por Ley una sentencia del Tribunal Supremo en un hecho impropio y sin precedentes en un Estado de Derecho.
La alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez, señaló que esta enmienda constituye una indignidad inconstitucional más propia de regímenes totalitarios que de democracias occidentales. Además, la alcaldesa se preguntó ¿qué esperanzas pueden quedarles a los ciudadanos con este Gobierno, si son capaces de retorcer las leyes de esa manera para no aplicar una sentencia del Supremo?.
Para la alcaldesa de Algete está enmienda pone en una situación muy difícil a los responsables socialistas de los municipios afectados por el ruido, quienes deberían rebelarse frente a este atropello en vez de esconderse ante los vecinos.
El Ayuntamiento de Algete no descarta denunciar al Gobierno de España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si persiste este atropello a los derechos de los ciudadanos.
Publicado por Director el Dic 1st, 2009

EL TRIBUNAL SUPREMO DA LA RAZÓN A LOS VECINOS DE LA URBANIZACIÓN SANTO DOMINGO.

La Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo, integrada por afectados por el ruido de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante y Zaragoza, aplaudió hoy que la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a los vecinos de la urbanización Santo Domingo, en Algete, abra vías a otros perjudicados para iniciar procesos judiciales similares.
El fallo del Supremo sienta jurisprudencia en este sentido al declarar vulnerado el derecho fundamental de cinco vecinos de esta zona residencial a la intimidad domiciliaria a consecuencia del ruido producido por el sobrevuelo de aviones del aeropuerto de Barajas. Los magistrados concluyen que el ruido es "suficiente, por su entidad, naturaleza y duración, para generar molestias que lo trastornan más allá de los límites aceptables".
La abogada María Ángeles López Lax, de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo, celebró que el Alto Tribunal haya aplicado los límites de ruidos fijados en las normas de la Comunidad de Madrid, que los sitúa en 65,60 y 55 decibelios por el día, y 50 y 45 por la noche.
"Hasta ahora, estos límites se obviaban y no se tenía en cuenta cada evento, sino la media del ruido", recordó a Europa Press la letrada, quien recalcó que se trata de aplicar la misma medición de ruido de niveles máximos a cualquier tipo de actividad de aviones. "De esta manera, Aena respetará la vida de quienes viven en el entorno del aeropuerto", añadió.
Los vecinos de Santo Domingo aportaron mediciones de entre 63 decibelios y 59,1, pero los máximos llegaban a 78 por la tarde y 77 por la mañana. Por lo que el Supremo, establece que "las mediciones del ruido son globalmente expresivas de una situación de contaminación acústica".

LAS ASOCIACIONES CONTRA EL RUIDO CALIFICAN DE "ABERRANTE" LA ENMIENDA DE FOMENTO.

Para los abogados de las asociaciones representadas en una rueda de prensa conjunta a nivel nacional la enmienda es perversa, afirman que pretende inmolar los derechos fundamentales de los ciudadanos en ara de los intereses de AENA. Así mismo denuncian que la propuesta del Partido Socialista, que se debatirá mañana en el Senado, afecta al derecho fundamental a la intimidad domiciliaria, dejará sin efecto cualquier sentencia favorable a los ciudadanos, incurre en la arbitrariedad y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Luís Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Impacto de Tráfico Aéreo afirma que estamos ante el recorte de derecho más importante de la historia de la democracia.
Las diferentes entidades ciudadanas se plantean como objetivo paralizar esta modificación de la ley de Navegación Aérea de 1960, para ello se están poniendo en contacto con senadores y congresistas para trasladarles su disconformidad e insistir en que se trata de un grave intento inconstitucional.
La enmienda, a la que ha tenido acceso SER Madrid Norte, habla de la necesidad de enfocar el problema desde el equilibrio entre el interés de la economía nacional y los derechos individuales y colectivos de los afectados.
De esta forma plantean los socialistas, que las poblaciones afectadas estarán obligadas a soportar el ruido y los sobrevuelos, siempre que se cumplan los objetivos de calidad acústica establecidos en el ordenamiento estatal o cuando se hayan fijado servidumbres acústicas limitadoras de sus derechos de propiedad e individuales.
Como ya les contábamos la semana pasada, la enmienda recoge además que en un plazo máximo de seis meses Fomento establecerá las servidumbres acústicas y AENA desarrollar las acciones necesarias para paliar los prejuicios de la población afectada.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

FOMENTO FRENTE A LO QUE LLAMA "REBELIÓN CONTRA EL RUIDO AEROPORTUARIO".

Antonio Ruiz del Árbol - Madrid - 17/11/2009
El Ministerio de Fomento ha convocado para pasado mañana, jueves, de manera urgente, una cumbre con el sector de la aviación civil que opera en España. El objetivo es estudiar, e intentar atajar, las consecuencias que van a tener para la actividad del la aviación civil las últimas sentencias judiciales sobre el problema del impacto acústico que afecta a zonas residenciales aledañas a los principales aeropuertos españoles.
Al encuentro están convocadas las principales patronales de las aerolíneas, los responsables de AENA y la empresa pública propietaria de la red de aeropuertos nacionales, diez de cuyas terminales se encuentran en el punto de mira de sus vecinos a causa de este problema.
Fuentes conocedoras de la convocatoria han señalado que es posible que también participe en el encuentro algún representante de las comunidades autónomas en las que se ubican los aeropuertos más conflictivos.
Hasta la fecha, tanto las aerolíneas como la administración central y AENA habían abordado este asunto "con preocupación pero sin dramatismo", según han indicado las fuentes citadas. Sin embargo, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga a "reducir al 50% las operaciones" en una de las cuatro pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se produce una determinada configuración del viento "ha desatado todas las alarmas". La aplicación de la resolución judicial, según las fuentes indicadas, no supondrá un quebranto irreparable para la actividad de Barajas, ya que esa configuración del viento se produce muy pocos días al año.
El verdadero problema se produce porque la sentencia responde a una reclamación interpuesta por uno, Ciudad Santo Domingo, de los muchos núcleos de población que en toda España denuncian la agresión acústica sobre sus residencias de la actividad aeroportuaria.
"Si, como ya está ocurriendo, todos los ayuntamientos y urbanizaciones afectadas, se apoyan en la jurisprudencia que sienta esta resolución judicial para exigir la paralización o reducción de las actividades en los aeropuertos, el colapso en la aviación civil española está garantizado".
Las fuentes citadas creen que el Ministerio de Fomento no quiere que ocurra la "rebelión ciudadana contra el problema del ruido aeroportuario", lo mismo que ya pasó con la "rebelión contra la instalación de las antenas de móvil", que se ha convertido en "un auténtico calvario para las operadoras de telefonía celular".
Fuentes de AENA han asegurado que la empresa pública mantiene una política en torno al tema que consiste en "cumplir de manera estricta la Ley del Ruido". En este sentido "abordamos todas las iniciativas para que nuestra actividad se atenga de manera estricta a esta norma".

CELEBRACIÓN POR LA DECISIÓN DE REDUCIR A LA MITAD LOS VUELOS SOBRE CIUDAD SANTO DOMINGO.

Afectados por el tráfico aéreo celebran la decisión del TSJM de reducir a la mitad los vuelos sobre Ciudad Santo Domingo.
La Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo se congratuló hoy por la sentencia del Tribual Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de reducir a la mitad los sobrevuelos del aeropuerto de Madrid-Barajas que pasan por la urbanización de Ciudad Santo Domingo, en la localidad madrileña de Algete.
En un comunicado, la asociación recordó que hace un año el Alto tribunal les daba la razón a los vecinos de la urbanización de Santo Domingo al exigir la reducción del impacto acústico.
No obstante, según el presidente de la Asociación, Luis Ramírez, lo "más importante" para la agrupación es "el reconocimiento de que la contaminación acústica viola el derecho fundamental a la intimidad de los habitantes de Santo Domingo".
Aunque el último auto del Supremo no exigía el cese absoluto de los sobrevuelos, sí requería al Ministerio de Fomento la implantación de medidas paliativas como la mayor utilización de la pista 18L, la más cercana al valle del Jarama, para la entrada de las aeronaves en situación de configuración Sur, pues cuando Barajas opera en configuración Norte, Santo Domingo no sufre ningún sobrevuelo.
"La ampliación del aeropuerto de Barajas y de otros aeródromos de nuestro país, con el objetivo de aumentar el número de operaciones, ha dado lugar a una grave contaminación acústica y ambiental a poblaciones que antes no sufrían esas servidumbres y que de pronto se encontraron con una autovía aérea", señalaron desde la asociación.
Eso ha motivado que asociaciones vecinales se hayan unido a la Asociación Nacional para hacer llegar a AENA "este malestar y pedir medidas para la disminución de la afección acústica", concluyó Ramírez.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)